El Tribunal Superior de Bogotá revocó este martes la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Con esta decisión, el alto tribunal absolvió al exmandatario y dejó sin efectos la sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.

La determinación implica que Uribe no deberá cumplir la medida de detención domiciliaria ni la sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos, impuestas en el fallo anterior. El Tribunal consideró que no existían pruebas suficientes que demostraran la existencia de un soborno de testigos a través de terceros, como lo había señalado la Fiscalía y las víctimas acreditadas en el proceso.

No obstante, la controversia judicial no se cierra completamente. Los representantes de las víctimas y la Procuraduría General de la Nación anunciaron que presentarán un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de que se revisen los fundamentos del fallo del Tribunal Superior. Si la Corte admite ese recurso, el proceso continuará en una nueva instancia de análisis jurídico, en la que se evaluará la correcta aplicación de las normas penales y la valoración probatoria realizada en segunda instancia.

De no admitirse la casación, el caso quedará cerrado definitivamente y Uribe recuperará de manera plena la presunción de inocencia frente a los delitos por los cuales fue investigado durante más de una década. Sin embargo, aún podrían continuar abiertas otras investigaciones o procesos relacionados con las mismas actuaciones, según confirmaron fuentes judiciales.

En lo inmediato, la defensa del expresidente cuenta con plena libertad y la posibilidad de ejercer actividad política sin restricciones, al quedar sin efecto la inhabilidad derivada del fallo anterior. El recurso de casación deberá presentarse dentro de los términos establecidos por la ley penal, y será la Corte Suprema la que determine si el caso amerita una revisión final.

La decisión marca un nuevo capítulo en uno de los procesos judiciales más relevantes y polarizantes de la historia reciente de Colombia. Mientras el expresidente celebró la decisión asegurando que “se hizo justicia”, sectores de oposición y las víctimas del caso insistieron en que la batalla judicial aún no ha terminado y que esperarán el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.