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Fiscalía captura a 57 personas en el país involucradas en casos de corrupción
Entre los capturados se encuentran jueces, policías, contratistas, particulares, funcionarios y exfuncionarios, por posibles hechos de corrupción en varias entidades del Gobierno.
En un operativo adelantado simultáneamente en el territorio nacional, la Fiscalía General de la Nación capturó a 57 personas.
Las diligencias tienen relación con el desfalco de los Juegos Nacionales en Ibagué, el golpe a la organización que comercializaba vehículos inmovilizados en Bogotá, el reparto judicial amañado para el fraude en la adjudicación de predios en Cali y las posibles irregularidades en contratos del eje lúdico de Neiva.
OFENSIVA EN CALI
En la sucursal del cielo efectivos del CTI de la Fiscalía adelantaron operaciones por la supuesta adjudicación y aprovechamiento irregular de terrenos.
Por estos hechos fueron capturadas diez personas, donde se encuentran una exjuez civil del circuito de Cali, un abogado y varios particulares, quienes serán presentados ante juez de control de garantías para que respondan por varias actuaciones judiciales ocurridas desde el año 2007.
Según pudo establecer la Fiscalía, el reparto estaba manipulado de modo que los abogados sabían de antemano a qué juez correspondería el proceso que radicaban.
Por lo mismo, las evidencias dan cuenta de la presunta adjudicación de predios en Yumbo (Valle del Cauca), a través de sentencias en las que usó la figura de prescripción agraria sobre inmuebles que no cumplían los requisitos.
Hasta el momento hay cinco involucrados a este acto de corrupción que superaría los 40 mil millones de pesos.
En Buenaventura también se suscitaron hechos de corrupción, por lo que la Fiscalía General formuló cargos contra nueve personas señaladas de supuestas irregularidades en los procesos de contratación y manejo de los dineros del Establecimiento Público Ambiental (EPA), de dicho municipio.
Los hechos que son materia de investigación datan del año 2016, en el cual se habrían presentado anomalías en los procesos contractuales por más de 10 mil millones de pesos que, aparentemente, fueron direccionados a fundaciones sin ánimo de lucro que no contaban con la experiencia necesaria para asumir temas ambientales.
Según la Fiscalía, en seis de los 70 contratos revisados, que suman 1225 millones de pesos, se detectó un detrimento de 1030 millones de pesos. Al parecer, las pérdidas totales de toda la contratación ascenderían al 80 % de los contratos.
Por estos hechos son procesados Jorge Humberto Anizares Mosquera, exdirector del Establecimiento Público Ambiental (EPA); Karen Yohana Sinisterra Vergara, exsubdirectora Administrativa y Financiera de (EPA); Bárbara Rentería Angulo, exsubdirectora de Gestión Ambiental de la entidad; Alexander Ocoró Aragón, subdirector de Educación Ambiental; y los contratistas Laura Nelly Victoria Soto, Sugey Liliana González, Albeiro Sinisterra Amú, Fernando Páez Bernal y Ana Bibiana Amú Riascos, esta última es la representante legal de la Fundación Agroesop.
Estas personas fueron imputadas por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, interés indebido en contratos y violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.
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