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Corte ordena la captura de los expresidentes del Congreso por corrupción en la UNGRD, Iván Name y Andrés calle
En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia ha ordenado la captura de Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambos son señalados como beneficiarios de millonarios sobornos entregados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en un esquema de corrupción que ya salpica a varias figuras del alto gobierno y que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos de la historia reciente del país.
Los sobornos y la maquinaria del desvío
La Corte basa su decisión en las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, y Olmedo López, su exdirector, quienes han colaborado con la justicia. Según sus testimonios, Name habría recibido $3.000 millones y Calle $1.000 millones, dinero proveniente de sobrecostos en contratos por carrotanques que debían atender la crisis humanitaria en La Guajira.
El modus operandi implicaba la manipulación de contratos para direccionar recursos a campañas políticas de familiares y aliados, justo antes de las elecciones regionales de 2023. El objetivo, según las investigaciones, era asegurar gobernaciones y alcaldías clave que garantizaran influencia territorial y respaldo legislativo a reformas del Ejecutivo.
El rol de Casa de Nariño y otros implicados
Las revelaciones también alcanzan los pasillos del Palacio de Nariño. Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, ha sido capturada e implicada directamente como intermediaria en la entrega del dinero a Iván Name. Ortiz a su vez ha involucrado a Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), asegurando que fue utilizada como “chivo expiatorio” para proteger intereses más altos dentro del gobierno.
Reacciones políticas y consecuencias inmediatas
Desde el Ejecutivo, el presidente Gustavo Petro rompió el silencio en la madrugada y, en un mensaje en la red X, aseguró que «Name saboteó la reforma pensional para proteger los intereses de las aseguradoras. Hoy enfrenta la justicia por traicionar al país». Su declaración ha generado una avalancha de reacciones.
La bancada del Partido Verde, al que pertenecía Name, ha exigido su expulsión inmediata, al igual que la de Sandra Ortiz. Mientras tanto, figuras como el senador Roy Barreras y el excandidato presidencial Sergio Fajardo han pedido una reforma profunda al sistema político y electoral.
Por su parte, Andrés Calle, a través de un comunicado, ha negado categóricamente los hechos y ha anunciado que se presentará voluntariamente ante la justicia. “No tengo nada que ocultar”, declaró.
¿El inicio de una purga institucional?
El impacto del escándalo apenas comienza. Se espera que la Corte siga llamando a declarar a más congresistas, contratistas y funcionarios del anterior gabinete. Ya se habla de una “lista negra” con más de 20 nombres que podrían ser investigados por su presunta participación o conocimiento de la red de corrupción.
La ciudadanía, cansada de escándalos, ha comenzado a convocar movilizaciones en redes sociales exigiendo justicia, renuncias inmediatas y garantías de transparencia. Las organizaciones civiles piden a la Fiscalía y la Corte Suprema que actúen con independencia total, sin interferencias políticas.
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