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Contraloría general investiga abuso de la Fuerza Pública contra manifestantes en Colombia
La Contraloría General de la República anunció investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de los bienes públicos por parte de la Fuerza Pública en las protestas del Paro Nacional.
Durante las protestas y violencia generada en el Paro Nacional, la Contraloría General de la República investigará el presunto uso de vehículos de la Fuerza Pública en contra de la ciudadanía.
“El uso de estos bienes deben realizarse con estricto apego a la ley. Continuaremos ejerciendo vigilancia y control a los recursos públicos destinados para tales fines en cumplimiento de nuestra función constitucional y legal”, indicó Felipe Córdoba, Contralor General de la República.
Asimismo, el ente de control resaltó el diálogo para que se llegue a una negociación entre el Gobierno y los manifestantes.
“Es importante abordar plenamente las problemáticas nacionales, regionales y locales, para lograr construir, bajo un esquema participativo y pluralista, la hoja de ruta que permita superar las dificultades evidenciadas”, insistió Córdoba.
En más de 20 días de Paro Nacional, el inconformismo de los colombianos sigue aumentando. “Queremos que se caiga el Congreso, que se caiga todo de raíz, que se haga una reforma de todo eso”, cuenta Nicol Lozada, manifestante.
“Si todo estuviera marchando bien, no saldríamos a las calles a manifestarnos, a pedir que por favor no nos maten, que nos están matando de hambre”, dijo Emma Cortes, manifestante.
Las protestas que han dejado como resultado más de 1700 heridos y 168 desaparecidos en Colombia. Además, los bloqueos han generado desabastecimiento de alimentos y medicamentos.
“Hemos pedido muy respetuosamente a todos aquellos que se están manifestando en el país, incluido el Comité Nacional del Paro, que manifieste de manera explícita su condena a los bloqueos y al uso de la violencia en las manifestaciones”, indicó el Alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos.
El ente de control invita la ciudadanía para que denuncien las irregularidades en el uso de los vehículos y bienes de la fuerza pública durante las protestas.
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