Buenaventura decreta calamidad pública y pide intervención urgente del Gobierno Nacional

7 Jun 12, 2026 Destacadas, Valle Comentarios desactivados en Buenaventura decreta calamidad pública y pide intervención urgente del Gobierno Nacional

La Alcaldía de Buenaventura decretó la calamidad pública ante la grave emergencia humanitaria que atraviesa el Distrito y solicitó la intervención inmediata del Gobierno Nacional para atender una serie de problemáticas que, según la administración local, superan su capacidad de respuesta.

La decisión fue adoptada luego de evaluar las múltiples afectaciones que enfrentan distintos sectores de la población, entre ellas las dificultades que han impactado el acceso a la educación de cientos de niños, niñas y jóvenes, así como la situación de más de 70 pacientes renales que podrían ver comprometida la continuidad de sus tratamientos médicos especializados.

Otro de los puntos que genera preocupación es el estado de los centros transitorios de detención, los cuales se encuentran al borde del colapso debido al hacinamiento. Según la Alcaldía, esta situación representa riesgos para la seguridad ciudadana, el orden público y la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

La administración distrital también advirtió sobre afectaciones en infraestructura pública y otras necesidades derivadas de la emergencia, cuya magnitud ha desbordado las capacidades institucionales y financieras del Distrito.

Desde el gobierno local aseguraron que durante los últimos meses se han adelantado mesas técnicas, activado mecanismos de gestión del riesgo y realizado diversas gestiones ante las entidades competentes para mitigar la crisis. Sin embargo, consideran que estas acciones han resultado insuficientes frente a la dimensión de los problemas que enfrenta el puerto sobre el Pacífico.

Por ello, la Alcaldía reiteró el llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas extraordinarias, destine recursos y brinde acompañamiento técnico e institucional que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y la protección de los derechos fundamentales de la población.

La administración recordó además que la Ley 1523 de 2012 establece que la gestión del riesgo es una responsabilidad compartida entre la Nación y las entidades territoriales, especialmente cuando las capacidades locales resultan insuficientes para afrontar una emergencia de gran magnitud.