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Tribunal Superior de Cali deja en firme la decisión de suspensión del Alcalde de Jamundí
Marzo, 14 de 2016
Nuevamente las instancias judiciales ratifican el carácter legítimo y ajustado a la Ley de la decisión tomada por la Contraloría de solicitar la suspensión del Alcalde de Jamundí, Dr. Manuel Santos Carrillo Ochoa, para continuar con las investigaciones relacionadas con la contratación durante la declaratoria de calamidad pública, en el mes de marzo de 2016.
Esta vez fue el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, sala civil, quien en fallo de segunda instancia asegura que la decisión tomada por el ente de control fue proporcionada, racional y cuenta con los soportes probatorios suficientes.
El alto tribunal asegura en el fallo que “debe decirse que no obran elementos de juicio que permitan calificar la decisión como irracional o desproporcionada, pues en forma alguna puede decirse que la cuantía del posible detrimento patrimonial impide el ejercicio de la facultad- la cual se vio tiene otros parámetros- y no se allegó prueba que evidencie el tratamiento discriminatorio insistentemente aducido por el interesado”.
Se reitera además que la decisión de solicitar la suspensión del Alcalde fue tomada por el Contralor Departamental, Dr. José Ignacio Arango Bernal, en uso de las facultades constitucionales, carece de arbitrariedad alguna.
Finalmente el tribunal respecto del derecho al debido proceso, hace la observación de ser necesario adicionar la Resolución N° 1072 del 1 de Diciembre de 2016, en el sentido de fijar un término a la suspensión ordenada.
Cabe recordar que el órgano de control del departamento solicitó la suspensión del Alcalde Municipal de Jamundí, Dr. Carrillo, con el objetivo de preservar el interés general, y que las investigaciones fiscales, penales y disciplinarias adelantadas en su contra por las respectivas autoridades, puedan seguir su curso normal.
Dichas investigaciones se originaron en los resultados de la Visita Fiscal realizada por la Contraloría Departamental del Valle con ocasión de la declaratoria de calamidad pública decretada por el alcalde, la cual arrojó 8 hallazgos administrativos, 6 con presunta connotación disciplinaria, 3 con presunta connotación penal y 3 con presunta connotación fiscal.
Los contratos habrían sido por más de 800 millones de pesos, pero aparentemente terminaron en obras que no tenían que ver con el problema, como adecuación de una planta de tratamiento de aguas residuales o acueductos en veredas, que no estaban relacionados directamente con la calamidad declarada.
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