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Consejo de Estado suspende provisionalmente aumento del salario mínimo
El Consejo de Estado anunció este viernes la suspensión provisional del Decreto 1469 de 29 de diciembre de 2025, mediante el cual el Gobierno del presidente Gustavo Petro fijó el salario mínimo para 2026 con un alza de alrededor del 23,7 % — uno de los incrementos más altos en la historia reciente del país.
Según la providencia, mientras avanza el estudio de fondo sobre la legalidad del decreto, el Ejecutivo debe expedir en un plazo máximo de ocho días calendario un nuevo decreto transitorio que determine de manera clara y técnica el porcentaje y monto del salario mínimo que regirá mientras se profiere la decisión definitiva.
La medida tiene efecto inmediato y responde a más de 30 demandas presentadas por distintos sectores que cuestionaban la falta de justificación económica y metodológica del aumento impuesto por el Gobierno.
Reacciones en el centro político
El presidente Gustavo Petro reaccionó en sus redes sociales calificando la decisión como contraria a la Constitución y advirtiendo que “suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario”.
Petro insistió en que el aumento fue elaborado con base en criterios legales y llamó a la ciudadanía a expresarse sobre la decisión, subrayando que su Gobierno busca “un pacto social de la vida y de la paz”.
El ministro Antonio Sanguino calificó la decisión como “nefasta” y desafió la determinación judicial, asegurando que el llamado “salario vital” no es inflacionario y beneficiaba a millones de colombianos.
¿Qué sigue?
Mientras el país debate intensamente las implicaciones de esta decisión judicial, el Gobierno tiene hasta el próximo 21 de febrero para expedir un nuevo decreto transitorio que cumpla con los parámetros legales y metodológicos exigidos por el Consejo de Estado.
La polémica promete extenderse conforme el tribunal avance en la evaluación de fondo y la sociedad colombiana discuta no solo cifras económicas, sino también el rumbo de la política social y laboral del país en un año clave de agenda pública.
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